Dentro de la ley mexicana, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales que permiten la existencia y el desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos.
Esta visión nos recuerda que la naturaleza no es un recurso inagotable ni un mero proveedor de bienes materiales, sino un sistema complejo y frágil que requiere protección.
En el corazón de nuestra existencia, el medio ambiente no es solo un escenario donde transcurre la vida, sino el sustento mismo de nuestra supervivencia.
A lo largo de la historia, la humanidad ha dependido de la naturaleza para obtener refugio, alimento, agua y aire puro, sin embargo, con el avance de la civilización y el crecimiento de la población y las ciudades, el equilibrio entre el hombre y su entorno se ha visto amenazado.
En la actualidad, el sistema económico capitalista y el consumo voraz han llevado a nuestro planeta al límite. Las consecuencias de su explotación no solo afectan los recursos naturales o los hábitats, sino que causan serios problemas económicos, sociales, de salud y de desigualdad.
Por ello, cuidar el medio ambiente es cuidar el futuro de la humanidad y el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano no solo es una cuestión jurídica, sino una necesidad imperante para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Medio ambiente sano, futuro de seguridad y responsabilidad
El derecho a un medio ambiente sano posee una doble dimensión: por un lado, protege la naturaleza en sí misma, reconociendo su valor intrínseco; por otro, salvaguarda la calidad de vida de las personas, ya que la salud, la dignidad y el bienestar dependen directamente del estado de nuestro entorno.
Un aire contaminado puede generar enfermedades respiratorias; la escasez de agua potable afecta la salud y la producción de alimentos; la deforestación intensifica los efectos del cambio climático. En este sentido, el respeto a este derecho no es solo una cuestión de ecología, sino de justicia social.
El 28 de junio de 1999, el derecho al medio ambiente se instituyó en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” y que el Estado tiene la obligación de garantizar su respeto. Además, impone la responsabilidad de remediar el daño ambiental a quienes lo provocan.
Este marco legal no es un simple enunciado, sino un instrumento poderoso que permite a la ciudadanía exigir que las autoridades y las empresas actúen con responsabilidad y adopten medidas efectivas para frenar el deterioro ambiental.
Un derecho que invita a la acción
Más allá de la Constitución, México cuenta con un sólido marco normativo en materia ambiental, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, junto con otras leyes y normas, establecen las reglas para el manejo de residuos, la conservación de la biodiversidad y la regulación de las emisiones contaminantes.
Sin embargo, tener leyes no basta si no se cumplen de manera efectiva.
La reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a un medio ambiente saludable a nivel global, es un recordatorio de que la protección ambiental es una lucha constante.
Aunque esta declaración no es jurídicamente vinculante, sienta un precedente importante y refuerza la capacidad de los ciudadanos y defensores ambientales para exigir cambios.
Casos como el fallo del Tribunal Supremo de los Países Bajos, que obligó a su gobierno a reducir las emisiones de carbono, o la decisión de la Corte Suprema de Brasil de considerar el Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos, muestran que la legislación ambiental puede y debe ser una herramienta de transformación.
Una responsabilidad compartida
El derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano y cada individuo tiene un papel que desempeñar en esta lucha. Desde decisiones cotidianas como reducir el consumo de plásticos y optar por transportes menos contaminantes, hasta la exigencia activa de políticas públicas responsables, la defensa del medio ambiente requiere de un esfuerzo colectivo.
Las generaciones futuras dependen de las acciones que tomemos hoy. No se trata sólo de conservar la belleza de los paisajes o de salvar especies en peligro de extinción; se trata de garantizar que el planeta siga siendo un hogar habitable para todos. La naturaleza nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Ahora, es nuestro turno de protegerla.
Cada árbol que provee el aire que respiramos, cada cuerpo de agua que nos sustenta y cada especie que convive con nosotros son piezas fundamentales de un engranaje que, cuando se descompone, pone en peligro la estabilidad del planeta.
