La emergencia climática es una realidad. No hay acción pequeña ni innecesaria en esta lucha, se hace indispensable acelerar y aumentar los esfuerzos. Individual, social, institucional y gubernamentalmente, cada esfera de la humanidad tiene la urgencia de actuar.
Remitiéndose a las pruebas, el verano de 2023 ha sido el más cálido desde que se lleva registro, y, según un estudio publicado en la revista Nature, las temperaturas de este periodo fueron 2.2 grados superiores a la media de los últimos dos mil años.
Entre acuerdos internacionales y objetivos por cumplir, las naciones del mundo se han comprometido a disminuir su impacto negativo en el medio ambiente como única solución para que exista un futuro para la humanidad.
México es pionero en América Latina en implementar diversas políticas de fijación de precios al carbono, esenciales para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.
Estas medidas incluyen un impuesto federal al carbono, un sistema de comercio de emisiones y varios impuestos subnacionales.
UNA DÉCADA DE CAMINO
México ha dado pasos importantes en la implementación de políticas climáticas que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
El primero fue la imposición de un impuesto federal al carbono, introducido en 2014, que se aplicó a los combustibles fósiles en función de su contenido de carbono por tonelada, destacando la intención de gravar más a los más contaminantes.
Actualmente, este impuesto está sujeto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y sigue estableciendo una tasa impositiva a los combustibles fósiles con base en la cantidad de CO2 que contienen. Con una tasa relativamente baja al inicio, la tarifa de recaudación ha ido ajustándose gradualmente.
Por ejemplo, en el 2014 el impuesto aplicó una cuota de $38.09 por tonelada para coque de carbón, la cual para este año, 2024, incrementó en $57.6738 por tonelada.
Sin embargo, este instrumento enfrenta críticas por la falta de mecanismos específicos para canalizar los ingresos hacia acciones de mitigación o adaptación al cambio climático.
Actualmente no existe ningún mecanismo que destine el uso de los ingresos recaudados por el IEPS para algún fin específico, por lo que todo lo recaudado se integra al presupuesto general de la nación, lo que limita su potencial impacto ambiental.
Estos ingresos podrían ser clave para financiar iniciativas de transición energética y descarbonización, pero para ello es necesario establecer mecanismos claros y transparentes de reinversión.
IMPUESTOS SUBNACIONALES AL CARBONO
Además del impuesto federal, varios estados mexicanos han implementado sus propios impuestos al carbono para atender desafíos específicos. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) reconoce esta necesidad en su Artículo 8o, en el cual atribuye a los gobiernos subnacionales la capacidad de formular, conducir y evaluar sus propias políticas climáticas en concordancia con la política nacional.
Diversos estados mexicanos han adoptado impuestos al carbono con características ajustadas a sus contextos locales. Estos impuestos buscan reducir emisiones y generar ingresos para proyectos ambientales.
ZACATECAS
En 2017, Zacatecas implementó impuestos ecológicos, incluyendo el Impuesto por la Emisión de Gases a la Atmósfera, para financiar la protección ambiental y la salud.
Aunque inicialmente empresas y asociaciones interpusieron amparos argumentando que la regulación de emisiones corresponde a la federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del estado en 2018, estableciendo que las entidades federativas también pueden legislar impuestos ambientales.
Desde 2020, Zacatecas aplica este impuesto, gravando emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero. Los fondos recaudados se destinan a salud, restauración ecológica, inspección de fuentes contaminantes, atención a desastres naturales, proyectos sostenibles, y reubicación en zonas de riesgo, entre otras acciones para mitigar el impacto ambiental y promover el desarrollo sostenible.
BAJA CALIFORNIA
El Impuesto Ambiental por la Emisión de Gases a la Atmósfera de Baja California, implementado en 2020 gravaba las emisiones atmosféricas generadas por productos contaminantes.
Sin embargo, su implementación enfrentó dificultades legales, ya que en 2021 fue declarado inconstitucional debido a la invasión de competencias federales en materia de impuestos sobre combustibles, según lo estipulado en el Artículo 73 de la Constitución Mexicana. Esto derivó en amparos favorables para las organizaciones gasolineras, quienes se eximieron del pago.
Los ingresos recaudados se destinarían parcialmente a los municipios y programas ambientales, mientras que un fondo climático estatal buscaría financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, así como investigaciones y acciones educativas.
A pesar de su diseño ambicioso, las controversias legales limitaron su impacto potencial en la reducción de emisiones.
TAMAULIPAS
Los Derechos por la Emisión de Gases a la Atmósfera de Tamaulipas, establecidos en 2020, buscan generar recursos para financiar políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, promover la sustentabilidad económica e industrial y proteger el medio ambiente.
Este instrumento regula las emisiones provenientes de procesos productivos dentro del estado, exceptuando aquellas derivadas del uso de gas natural.
Los ingresos obtenidos buscan apoyar proyectos de mitigación, restauración ambiental y equilibrio ecológico en Tamaulipas.
QUERÉTARO
En 2021, Querétaro implementó el Impuesto por la Emisión de Gases a la Atmósfera como parte de una reforma a su Ley de Hacienda. Este impuesto grava las emisiones de CO2 de fuentes fijas en sectores como la industria alimentaria, textil y aeroespacial, entre otros.
Su tasa por tonelada en 2024 es 5.9 veces el valor diario de la UMA (Unidad de Medida Equivalente) lo que corresponde a $640.5, el precio más alto del carbón en América Latina. Su pago pretende fomentar estrategias de descarbonización.
El esquema de este estado incluye un innovador mecanismo de compensación, permitiendo a las empresas reducir su base gravable hasta un 20% mediante el Sello de Bajo Carbono del Estado de Querétaro impulsando proyectos de mitigación y economía circular.
YUCATÁN
En 2021, Yucatán incorporó el Impuesto a la Emisión de Gases a la Atmósfera. Actualmente con una tasa de 2.7 UMA, correspondiente a $290 por cada tonelada de CO2 emitida.
Este impuesto grava las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero de fuentes fijas. Además, los contribuyentes deben registrar sus emisiones y pueden acceder a deducciones fiscales por energías renovables, eficiencia energética y conservación forestal.
El impuesto incluye un esquema híbrido con estímulos fiscales, permitiendo deducciones de hasta el 100% de las emisiones evitadas o reducidas, aunque limita al 20% la deducción por conservación forestal y establece una deducción del 93% por el uso de gas natural.
Los ingresos recaudados son destinados al Fondo Ambiental del Estado de Yucatán, que financia proyectos orientados a la salud pública y la mejora ambiental.
EDOMEX
En 2022, el Estado de México implementó el Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera como parte de su paquete fiscal, gravando emisiones directas e indirectas de fuentes fijas. Con una tasa de $43.00 por tCO2e (toneladas de CO2 equivalente) emitida, el impuesto tiene un esquema de pagos mensuales y anuales.
A diferencia de otros impuestos similares, el Edo. de México no contempla mecanismos de flexibilidad como unidades de compensación, enfocándose en una regulación estricta.
Los ingresos recaudados se destinan a garantizar un medio ambiente sano para el bienestar de la población, fomentando cambios en las prácticas empresariales hacia la sostenibilidad.
GUANAJUATO
En noviembre de 2022, Guanajuato reformó su Ley de Hacienda para incluir cuatro nuevos impuestos ecológicos, entre ellos el Impuesto para la Remediación Ambiental por la Emisión de Gases Contaminantes, que entró en vigor en junio de 2023.
Este impuesto tiene una tasa de $250 por cada tCO2e emitida y debe realizarse a través de un pago provisional mensual, con una declaración anual que acredite el cumplimiento. Este impuesto grava las emisiones directas e indirectas de GEI de fuentes fijas en el estado.
El estado ha integrado mecanismos de estímulo, como una reducción del 20% en el impuesto para las empresas que demuestren una disminución significativa de sus emisiones entre un año fiscal y otro. Estos incentivos no solo fomentan la reducción de emisiones, sino que también mejoran la aceptación pública de las medidas.
Los ingresos recaudados se destinan a áreas prioritarias como salud, restauración ecológica, inspección ambiental, proyectos de desarrollo sostenible y reubicación de comunidades en riesgo, además de atender desastres naturales.
DURANGO
El Impuesto de las Emisiones a la Atmósfera de Durango, implementado en noviembre de 2022, grava las emisiones directas e indirectas provenientes de fuentes fijas a una tasa de $179.00 por tCO2e emitida.
El impuesto no contempla mecanismos de compensación ni flexibilidad para su cumplimiento, y actualmente no especifica un destino para los ingresos recaudados.
JALISCO
Desde 2020 las autoridades han trabajado de la mano con el sector privado para desarrollar un Ecosistema Jalisciense para la Descarbonización, aunque este no se ha implementado formalmente.
Este marco busca consolidar un mercado de carbono local con el Impuesto sobre la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero y carbono negro desde fuentes fijas. Aunque aún no tiene un precio definido, el impuesto comenzará con una fase piloto de dos años.
UNA SOLUCIÓN VIABLE
Los impuestos al carbono ofrecen múltiples beneficios. Además de generar ingresos significativos, ayudan a internalizar los costos ambientales de las emisiones y promueven cambios en los patrones de consumo y producción hacia alternativas más sostenibles. Su implementación estratégica y coordinada puede posicionar a México como un líder en la acción climática global.
Sin embargo, esto enfrenta retos considerables. Uno de los más destacados es el riesgo de “fuga de carbono”, donde las empresas trasladan sus operaciones a regiones con regulaciones menos estrictas.
Además, su efectividad depende de la transparencia en el uso de los ingresos, la colaboración público-privada y el desarrollo de incentivos que promuevan la adopción de tecnologías limpias.
Con un enfoque coordinado y transparente, los impuestos al carbono pueden consolidarse como una herramienta clave para alcanzar los objetivos climáticos y mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras.
